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Situación de las convocatorias de Oposiciones en el Institut Català de la Salut, documento facilitado por la propia empresa en la mesa sectorial de 30 de noviembre de 2018.

OPE ICS 11 2018

 

 

 1ª Reunión 2019 con Dirección de RRHH del ICS

reunion ICS 1.2019

 

 

Resultados finales y adjudicación LAB-PI-2016 ICS 

diligencia LAB-PI-2016 ICS 

 

La Ley de Gestación Subrogada se ha apeobado en Portugal, pero las restricciones son tan elevadas que, en la práctica, solo puede aplicarse en determinados supuestos: sólo las mujeres estériles, sin útero o con alguna clase de lesión podrán recurrir a este método para tener descendencia. No así las parejas lesbianas, que permanecen fuera de estos perfiles porque, de raíz, no recurrirían a esta técnica por motivos estrictamente reproductores.

Hasta ahora, las personas que se encontraban en estos casos tenían que viajar a países como Estados Unidos y confiar que el proceso para un embarazo a través de un vientre de alquiler marchara sin contratiempos. Aún está lejos un acuerdo sobre este asunto en España, pero no parece que las fuertes limitaciones legales vayan a animar a muchas parejas a cruzar la frontera para beneficiarse de esta exigua normativa.

Mucho más cuando las barreras no quedan ahí. Por ejemplo, la mujer elegida como vientre de alquiler no podrá tener ninguna relación con la familia que adopte al bebé y queda excluida cualquier recompensa económica al respecto. 

El documento que ha salido adelante permite que la ‘contratante’ se haga cargo de los gastos derivados del embarazo inducido, previa presentación de las facturas alusivas. Así lo especifica una de las cláusulas legales: «Se prohíbe cualquier tipo de pago o la donación de cualquier bien o cuantía de los beneficiarios a la gestante, excepto el valor correspondiente a los gastos derivados del acompañamiento de salud, incluidos los transportes, siempre que esté debidamente justificado».

Tal vez sea este el punto más fácil de saltarse, pues los ‘regalos’ que percibe alguien pueden ser difíciles de etiquetar como ‘sospechosos’.Con todo, ni siquiera cumplir todas estas condiciones garantiza el acceso al «carácter excepcional y gratuito» de la medida, polémica por su radio de acción más bien reducido.

Únicamente así aceptó el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, sancionar una ley que tiene su origen en las reclamaciones de la Asociación Portuguesa de Fertilidad, cuya voz fue recogida y amplificada por el Bloco de Esquerda, el partido más parecido a Podemos que existe en el país vecino y socio clave para el Gobierno socialista de António Costa.

El sustento mayoritario de estas filas y la libertad de voto que concedió la socialdemocracia de Pedro Passos Coelho, traducida en que se pronunció a favor un tercio de sus diputados, terminó por garantizar la autorización definitiva para esta polémica iniciativa.

La gran queja en Portugal es que la norma deja fuera de su ámbito a los homosexuales, cuando precisamente es el sector de la población que más se decide a nivel internacional por la gestación subrogada.

vientre alquiler

El documento que ha salido adelante permite que la ‘contratante’ se haga cargo de los gastos derivados del embarazo inducido, previa presentación de las facturas alusivas. Así lo especifica una de las cláusulas legales: «Se prohíbe cualquier tipo de pago o la donación de cualquier bien o cuantía de los beneficiarios a la gestante, excepto el valor correspondiente a los gastos derivados del acompañamiento de salud, incluidos los transportes, siempre que esté debidamente justificado».

Tal vez sea este el punto más fácil de saltarse, pues los ‘regalos’ que percibe alguien pueden ser difíciles de etiquetar como ‘sospechosos’.Con todo, ni siquiera cumplir todas estas condiciones garantiza el acceso al «carácter excepcional y gratuito» de la medida, polémica por su radio de acción más bien reducido.

Aún no sabemos si esta regulación tendrá algún eco en España, donde el partido de Ciudadanos ya ha expresado su disposición a tomar cartas en el asunto. Por lo demás, los argumentos políticos acerca de los vientres de alquiler parecen aparcados.

 


 

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a empezar las negociaciones sobre la jornada laboral de las 35 horas semanales (que en sanidad está en 37,5 horas) tras la vuelta de las vacaciones de verano.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha asegurado que comenzarán las negociaciones en la primera semana de septiembre, después de que el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) le reclamara la necesidad de levantar este veto. Se trata de un anuncio muy similar al que el Gobierno realizó hace escasamente una semanas, donde manifestó su intención de “estudiar” esta medida para diferentes sectores, entre los que se encuentra el sanitario, para el año que viene.

Otra de las cuestiones que han abordado ambas partes ha sido la ‘mega’ Oferta Pública de Empleo (OPE) que el Ejecutivo tiene previsto aprobar para estabilizar el empleo en varios sectores clave, entre ellos, el sanitario. Sobre este punto, ambos han acordado la conveniencia de coordinar los procesos de estabilización de empleo interino en el conjunto de las comunidades autónomas, con el objetivo de evitar “situaciones de incertidumbre”, en lo que se refiere a su desplazamiento, la continuidad en su puesto, así como que se vea afectada la prestación de los servicios públicos.

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Esta oferta de empleo público se deriva del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre Gobierno y comunidades autónomas, por el que se prevé la estabilización de unas 250.000 plazas de interinos a lo largo de 2017, 2018 y 2019. En el caso de sanidad, la cifra es de 129.700 vacantes. Además, CSIF defenderá en la próxima oferta de empleo público la eliminación de la tasa de reposición y la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de las plantillas para reforzar aquellos ámbitos que sean necesarios para garantizar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, tal y como ha manifestado. Del mismo modo, reclama la recuperación del poder adquisitivo previo a 2010.


 

La Policía Local de Zaragoza denunció el pasado jueves por la mañana al conductor de una ambulancia del 061 por aparcar indebidamente y no hacerle caso cuando se le indicó que moviese el vehículo. La sanción se produjo cuando el sanitario, que estaba con tres compañeros, iba a atender una urgencia, concretamente un posible infarto, que en principio parece tener prioridad sobre las normas de estacionamiento. Fuentes del Cuerpo confirmaron que están investigando las circunstancias del incidente.

La emergencia provenía de un pasajero que se encontraba con un ataque dentro de un autobús. Ante el aviso de Emergencias, la ambulancia  se desplazó al lugar y aparcó fuera de la parada, antes de que el médico, el enfermero y los dos técnicos bajasen para dirigirse al autobús. Fue entonces cuando un agente de la Policía Local les indicó que aparcasen en la parada, a unos metros. El conductor hizo caso omiso, porque la prioridad era atender la urgencia médica y, en su opinión, el vehículo sanitario no estaba causando ninguna amenaza a la seguridad del tráfico donde estaba parado. Al poco tiempo, fue la propia Policía Local la que cortó la calle para que los profesionales pudieran trabajar con tranquilidad. Los sanitarios pudieron pues, con tranquilidad, atender la urgencia, que afortunadamente para el pasajero se quedó en un síncope sin mayores consecuencias.

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La sorpresa se la llevaron cuando, al terminar y volver al vehículo, el agente volvió a recriminar al conductor que no le hubiera hecho caso, y le entregó una denuncia por valor de 200 euros por desobediencia y por estacionar mal el vehículo.

La incredulidad y el malestar de los trabajadores implicados pronto se trasladaron a Twitter, donde dejaron un mensaje para la Policía Local, que el mismo Cuerpo respondió, comprometiéndose a estudiar el accidente. Y, a modo de disculpa, felicitando a los sanitarios por su gran trabajo y colaboración habituales.


 

La sanidad canaria ha sido condenada por abusos en materia de temporalidad. El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas ha fallado a favor de una fisioterapeuta, tras denunciar que llevaba 24 años trabajando para el Servicio Canario de Salud (SCS) de manera “coyuntural” y no de manera estructural. La demandante prueba como su relación laboral con el SCS comenzó en agosto de 1993 y, desde entonces, ha encadenado contratos eventuales con el servicio de salud autonómico y nunca como indefinida, algo que la Justicia considera “fraude de ley”. Para ello, la sentencia refleja qué leyes regulan ambas relaciones laborales.

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La relación estructural se regula en el artículo 15, donde se establece que “para que un contrato temporal adquiera la naturaleza de indefinido es preciso que se haya celebrado en fraude de ley, es decir, que el empresario haya intentado conseguir, al amparo de una norma de cobertura, un resultado prohibido por la ley, teniendo siempre en consideración que la presunción admite prueba en contrario, o lo que es lo mismo, que si el empresario prueba el carácter temporal de la prestación de servicios, destruye la presunción y la relación laboral no puede declararse indefinida”.

En cambio, la coyuntural la define la doctrina STS/IV 21-enero-2009, que considera contratos temporales aquellos que la obra o servicio que constituya su objeto y presente autonomía de la empresa; su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; o que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.


 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana  ha emitido una instrucción dirigida a los departamentos de salud en la que advierte de que los centros públicos no pueden acoger actividades no reconocidas como asistenciales como la homeopatía o las denominadas pseudociencias. Por otro lado, el organismo dirigido por Carmen Montón ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en la que reclama que se elimine la denominación de medicamentos a la homeopatía y se inste a la Unión Europea en el mismo sentido.

La instrucción de la Consejería ha querido recordar que la homeopatía está excluida de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, al igual que otras prácticas no reconocidas entre las que se encuentran las pseudociencias, a las que se prohíbe su promoción, presencia, publicidad o su desarrollo en centros sanitarios públicos.

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Según se recoge en la instrucción, que ha sido presentada por la consejera a los representantes de los consejos autonómicos de colegios profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos, así como psicólogos, técnicos superiores sanitarios y otros interesados, señala que “conscientes de la realidad social actual, en la que se están introduciendo prácticas sin evidencia científica, que no curan y generan confusión, se han elaborado las presentes instrucciones como un instrumento dirigido a sentar criterios uniformes” destinados a los profesionales del servicio valenciano de salud y a “contribuir a una mayor claridad en la adecuada prestación asistencial del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana”.

Por su parte, en la carta remitida a Montserrat, la consejera solicita que se retire el reconocimiento de la homeopatía como medicamento que le concede el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.