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Mesa Sectorial Sanitat ICS 30/11/2017

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El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el borrador del real decreto sobre justificación y optimización del uso de radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de las exposiciones médicas, un documento que ve la luz unas semanas después de que entrar en vigor la directiva 2013/59/Euratom.


Esta legislación viene a establecer los principios básicos del uso médico de las radiaciones, incluyendo la premisa de que el profesional sanitario o el prescriptor serán los responsables de informar al paciente de los riesgos a los que se somete y de recabar los correspondientes consentimientos informados. Además, serán los que participarán en el “proceso de justificación de cada exposición médica”, así como se responsabilizarán del proceso.

Por otro lado, en las exposiciones médicas con fines diagnósticos debidas a radiodiagnóstico, medicina nuclear, procedimientos intervencionistas, planificación, guía y verificación, las dosis se mantendrán lo más bajas que sea razonablemente posible, para que pueda obtenerse la información médica requerida, teniendo en cuenta factores sociales y económicos.

En proyecto de real decreto también ocupa lugar la formación de los profesionales. Los planes de estudios correspondientes a las diferentes titulaciones profesionales en el ámbito de las ciencias de la salud incluirán un curso que garantice la adquisición de los adecuados conocimientos en protección radiológica, proporcionados a la titulación correspondiente.

Concretamente, en los programas de formación médica especializada de Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, en los de aquellas otras especialidades médicas en las que las radiaciones ionizantes puedan aplicarse con fines de diagnóstico y terapia, así como en los de las titulaciones en Odontología y Podología, se introducirán objetivos específicos relativos a la adquisición de los adecuados conocimientos teórico-prácticos en protección radiológica para el desempeño de las prácticas médicas con radiaciones ionizantes. Asimismo, los programas de formación correspondiente de Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría incluirán objetivos específicos similares, adaptados a su nivel de responsabilidad.

Mientras, los médicos especialistas en Radiodiagnóstico, Cardiología y de otras especialidades que lleven a cabo procedimientos intervencionistas en instituciones sanitarias del ámbito público o privado deberán haber adquirido, con carácter previo a su realización, un segundo nivel de formación en protección radiológica orientado, específicamente, a la práctica intervencionista.



Así mismo, la instalación de un nuevo equipo o la implantación de una nueva técnica requerirán de una formación adicional previa al uso clínico, en la que deberán implicarse los suministradores de los equipos. Los programas y cursos de formación continuada deberán ser acreditados por la autoridad sanitaria competente.

Los interesados podrán hacer aportaciones para el proyecto (por el que no hay previsto ningún tipo de impacto presupuestario) hasta el 16 de marzo.


 

El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado un convenio con el Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de esta comunidad (COPTESS CV), en calidad de representante de los establecimientos de ortopedia, que establece las condiciones de dispensación, facturación y pago de las aportaciones por tratamientos ortoprotésicos o copagos subvencionadas para personas con diversidad funcional, unas ayudas concedidas con cargo a los presupuestos de este Ejecutivo para 2018 por un importe de 6.630.240 euros.

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Las bases para la concesión de las ayudas durante 2018 fueron aprobadas a través del Decreto 216/2017, de 22 de diciembre, del Gobierno valenciano, con objeto de garantizar los tratamientos médicos y el restablecimiento de la salud de las personas con diversidad funcional en el año 2018.

Sobre dichas ayudas, la Generalitat señala que permiten garantizar el tratamiento y restablecimiento de la salud a través de la prestación ortoprotésica, eliminar los obstáculos económicos que el sistema de aportación de los usuarios y sus beneficiarios representa para el colectivo de personas con diversidad funcional, menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, así como mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.


 

Sindicatos y Ministerio de Hacienda han acelerado los encuentros entre ambas partes para conseguir un acuerdo respecto a la recuperación de derechos y poder adquisitivo de los sanitarios y demás funcionarios públicos. Los representantes sindicales fueron recibidos hace dos semanas por el titular del departamento, Cristóbal Montoro, y esta pasada semana fue la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la encargada de fijar un calendario de reuniones a lo largo de febrero y establecer como fecha límite  el 1 de marzo para alcanzar un acuerdo.

Así lo han confirmado fuentes de los tres sindicatos presentes en la negociación -CCOO, UGT y CSIF-, quienes han especificado que las reuniones se van a configurar en torno a tres bloques temáticos bien definidos: salario y recuperación del poder adquisivo, empleo y estabilidad, y derechos. En este último apartado se incluyen aspectos como la jornada de 35 horas semanales, la incapacidad temporal o la jubilación.


De esta forma, el calendario de encuentros fijado echará a andar el próximo 19 de febrero, en la que será la primera de las tres reuniones temáticas acordadas. Así, para el 1 de marzo los sanitarios del Sistema Nacional de Salud sabrán si recuperan el poder adquisitivo que perdieron durante los peores años de la crisis y qué derechos de los que les fueron cercenados está dispuesto a restituir el Gobierno central.

 


 

La Oferta Pública de Empleo (OPE), tanto estatal como autonómica, es uno de los temas que más preocupa al personal sanitario. Tras años de crisis económica en la que no pudieron salir a concurso miles de plazas por falta de presupuesto, este 2018 se ha convertido en la esperanza de todos aquellos que quieren optar a un puesto fijo en la Sanidad. A pesar de que esto es un soplo de aire fresco para el sector, hay algunas CCAA que han decidido aunar su convocatoria con la estatal, produciéndose una situación de agravio para los aspirantes que se postulan a las plazas. De hecho, las fuerzas sindicales insistían en que lo justo era que todas las CCAA hubieran convocado en las mismas fechas; dado que esto no se producirá, las centrales sindicales reconocen que las que hacen un solo examen por categoría profesional complican más las opciones que las que se desligan en dos fechas distintas.

El hecho de que determinadas comunidades se hayan sumado a la gran OPE nacional de estabilización supone un punto negativo para el personal sanitario de la CCAA que se presenta, ya que en este caso solo tienen derecho a presentarse a una única convocatoria. En cambio, los sanitarios de otras regiones como Aragón o Andalucía, que no se han unido a la estatal, tienen una doble oportunidad para hacerse con una plaza, ya que pueden presentarse a los exámenes de la comunidad y a los que se han acordado con el ministerio de Sanidad.

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En este sentido, las comunidades autónomas que han decidido sumarse a la OPE estatal de estabilización son Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Cantabria y Asturias.

Por el contrario, Aragón, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valencia, La rioja y el País Vasco han decidido poner los exámenes de sus OPEs en fechas distintas de la estatal. De este modo, los sanitarios que se presenten por estas regiones tienen el doble de oportunidades que sus compañeros de otras comunidades, un agravio comparativo muy alto entre profesionales del sector.


Las comunidades que han decidido aunar sus OPEs con los exámenes que el Estado convocó a nivel estatal tendrán las pruebas el 3 y 17 de febrero, 10 de marzo, 7 y 28 de abril y 12 de mayo de 2019. Estas fechas corresponden a los exámenes de matrona, fisioterapeuta, celador, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería y enfermería.

Asimismo, para la categoría de Médico de Familia la OPE nacional anunció el 25 de noviembre de este mismo año o el 17 de noviembre de 2019. Para Pediatría de AP se propuso el 11 de noviembre de 2018 o el 1 de diciembre de 2019 y para los Técnicos Superiores Sanitarios de Radiodiagnóstico el 21 de octubre de 2018 o el 27 de octubre del año que viene. En cambio, para los Técnicos Superiores Sanitarios de Laboratorio Clínico y Biomédico se puso sobre la mesa el 21 de octubre de este año o el 27 de octubre del año siguiente. Finalmente, los aspirantes a pinche de cocina podrán examinarse el 23 de octubre de 2018 o el 20 de octubre de 2019. 

 


 

Los técnicos superiores sanitarios al fin serán incluidos en el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud gracias a la modificación del Real Decreto 184/2015 que ha anunciado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El proyecto de Real Decreto que modifica el documento de 2015 viene a corregir el apartado de aquél que correspondía a las 13 categorías de técnico superior sanitario, que fue anulado por una sentencia del Tribunal Supremo por "falta de trámite de audiencia" en marzo de 2017.

Así, tendrán finalmente una tabla de equivalencia homogénea que facilitará la movilidad entre los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, después de quedar en un limbo administrativo tras la sentencia del Supremo.

Las 13 categorías profesionales a las que afectará esta modificación del Real Decreto de 2015 son anatomía patológica, audiología protésica, dietética y nutrición, documentación sanitaria, medicina nuclear, higiene bucodental, radiodiagnóstico, laboratorio de diagnóstico clínico, óptica de anteojería, ortoprotésica, prótesis dentales, radioterapia y salud ambiental.

El Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estaturario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización. Por esta norma se creaba un sistema que sirviese para facilitar la movilidad de los profesionales por los distintos servicios de salud. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo puso en entredicho esta finalidad al anular, por falta de trámite de audiencia, una de sus partes. El principio de audiencia hace referencia a que la Administración debe poner en conocimiento de los afectados por la normativa los efectos de la misma, para que estos puedan, al menos, alegar si no están de acuerdo con lo recogido en ella. 

Por ello, la modificación actual se someterá al trámite de audiencia de las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), las federaciones de sindicatos de técnicos superiores sanitarios, los sindicatos, los colegios profesionales y la Asociación Nacional de Audioprotesistas.


El Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, dictaba la homogeneización de las categorías de los sanitarios para facilitar su movilidad nacional y adecuaba su situación al panorama profesional actual. En el caso de los técnicos del grupo C1 perseguía recoger en el catálogo las categorías señaladas, tanto de las antiguas denominadas técnico especialista, que requerían titulación de formación profesional de segundo grado, como las actuales, denominadas de técnico superior, que requieren titulación de formación profesional de grado superior.

Así, podrían acceder a plazas vacantes en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas de España, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de la movilidad de los profesionales en todo el SNS.  Ahora, con el proyecto de modificación del Real Decreto, Sanidad resuelve el trámite legal que no cumplió en 2015 en el apartado de los técnicos superiores sanitarios, que al fin podrán beneficiarse de la movilidad que esta norma facilita a todos los profesionales del SNS.