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Información oposiciones de promoción interna y de turno libre

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Mesa Sectorial Sanitat ICS 30/11/2017

Plazas de oferta ordinaria +  extraordinaria

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Los sanitarios podrían tener la responsabilidad de los posibles efectos nocivos que puedan tener en los pacientes el empleo de la radioterapia o del radiodiagnóstico, así como de cualquier otro tipo de medicina nuclear. Este es uno de los fines del proyecto de real decreto que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha de cara al uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.

La futura norma, que está en consulta previa, viene derivada por una directiva de la Unión Europea aprobada en 2013 y su correspondiente trasposición con el fin de establecer los principios básicos de justificación y optimización en el uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas, frente a las exposiciones médicas siguientes: exposición de pacientes para diagnóstico o tratamiento médico, exposición de personas en los programas de cribado sanitario, así como la exposición de personas asintomáticas o de pacientes que participan voluntariamente en programas de investigación médica o biomédica, de diagnóstico o terapias y la exposición de cuidadores.

medicina nuclear

"Con objeto de garantizar una protección adecuada de los pacientes sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico médico o de radioterapia, es fundamental que exista un alto nivel de competencia y una clara definición de responsabilidades y funciones entre todos los profesionales implicados en la exposición médica. Esto se aplica a los médicos, odontólogos y otros profesionales sanitariosautorizados para asumir la responsabilidad clínica", indica el texto, que además define este tipo de responsabilidad como "la responsabilidad de un profesional sanitario habilitado respecto de exposiciones médicas individuales, en particular: la justificación; la optimización; la evaluación clínica de los resultados; la cooperación con otros especialistas y, en su caso, con el personal, en lo referente a los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos; la obtención de información, en caso necesario, sobre exploraciones previas; el suministro de la información médica radiológica existente y de los historiales médicos a otros profesionales sanitarios habilitados o al prescriptor, según proceda; y la entrega de información sobre el riesgo de las radiaciones ionizantes a los pacientes y otras personas interesadas, cuando proceda".   

La susodicha directiva precisa también que “el experto en física médica” habrá de asumir “laresponsabilidad de la dosimetría, incluidas las mediciones físicas para evaluar las dosis administradas al paciente y otras personas sometidas a exposición médica” y “asesore sobre el equipo médico-radiológico”.

Además, según el texto, los médicos especializados en el empleo de radiación habrá de colaborar en optimizar la protección radiológica de pacientes y personas expuestas, garantizar la calidad de los equipos, probar la aceptación de los equipamientos y velar por las especificaciones técnicas, vigilar las instalaciones y formar a los profesionales sanitarios correspondientes.Asimismo, habrán de colaborar con expertos en protección radiológica para sus labores e informar a los pacientes sobre los riesgos de la exposición a la radiación (también cuando se trate de diagnóstico). El proyecto de real decreto estará abierto a aportaciones del 5 al 19 de septiembre. 

 


 

La Comunidad de Madrid planea impulsar tres nuevas categorías de personal estatutario en el Servicio Madrileño de Salud. Se trataría de Podología, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de nivel superior y Técnico superior especialista en Dietética y Nutrición.

Según fuentes del Área el Sanidad, la medida se toma ante la realidad actual de la Sanidad Madrileña, así como la creciente complejidad en la atención sanitaria, que demanda la incorporación de nuevos profesionales capacitados, y especializados y que cuenten con las titulaciones oportunas.

A efectos prácticos, esta medida supone, entre otras cosas, que los técnicos que vienen de antaño que no eran titulados universitarios o que tenían el título pero no estaban trabajando en la categoría que les correspondía por su formación puedan homologar su título y acceder a un contrato de trabajo, o para lo que ya están, poder optar a plazas concretas con más salario y más nivel.

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Con estas nuevas competencias se trata de cubrir las competencias, necesidades y demandas que van surgiendo en el sistema sanitario con estas nuevas titulaciones, con el fin de adaptarlas a los nuevos servicios implantados y a la evaluación de las prestaciones.

La creación, modificación o supresión de categorías obedece a criterios de organización de cada servicio de salud conforme dispone el artículo 15 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y su creación debe efectuarse por ley a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el caso de los podólogos, para su acceso se exige estar en posesión del título de grado en Podología o titulación equivalente. Esta categoría se encuadra en el grupo A, subgrupo A2 de la clasificación de funcionarios públicos y desarrollarán las funciones para las que les habilita su titulación.

Mientras, a los técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de nivel superior se les exige estar en posesión de una titulación universitaria oficial y la formación mínima acreditada por una Universidad. Esta categoría se encuadra en el grupo A, subgrupo A2 de clasificación de los funcionarios públicos y desarrollarán las funciones para las que les habilita su titulación.

Por último, en el caso de técnicos superior especialista en Dietética y Nutrición se les exige estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior en Dietética y Nutrición o titulación equivalente. Esta categoría se encuadra en el grupo C, subgrupo C1 de clasificación de los funcionarios públicos.

La medida, que sigue la estela de la puesta en práctica en 2015 con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que reconocía otras seis categorías profesionales, como enfermero especialista u óptico, cuenta ya con el beneplácito de las asociaciones profesionales y deberá ahora ser refrendada por Ley en el Parlamento regional.

 


 

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la oferta pública de empleo (OPE) de 1.483 plazas del Servicio Aragonés de Salud, que incluye distintas categorías y ramas, hasta ahora ocupadas por personal eventual. Se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad autónoma (BOA) en los próximos días y los seleccionados tomarán posesión a mediados del año próximo.  El consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Vicente Guillén ha anunciado que, del total, 1.401 plazas son para el turno libre, 77 para personas con discapacidad y cinco para víctimas del terrorismo. Un total de 266 plazas son para especialistas.

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El Ejecutivo regional ya aprobó esta oferta pública de empleo en 2016, pero fue paralizada por el Tribunal Constitucional, que estimó un recurso del Gobierno de España. Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y la celebración de la Comisión Bilateral Aragón-Ejecutivo central, la OPE ha sido reactivada. Las plazas convocadas en el turno de acceso libre son en las categorías de enfermería (415), facultativo especialista de área (250), auxiliar de enfermería (225), celador (100), auxiliar administrativo (96), médico de urgencia hospitalaria (68), técnico superior de radiodiagnóstico (58), técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico (49), fisioterapeuta (25), enfermería de salud mental (17), técnico superior de radioterapia (13) y técnico superior de anatomía patológica (10). También se seleccionará personal para las categorías de matrona (8), técnico especialista de sistemas (7), médico de familia (6), personal técnico de grado medio (6), pediatra de atención primaria (4), psicología clínica (4), técnico de gestión de sistemas (4), técnico superior de higiene bucodental (4), terapeuta ocupacional (4). Con dos plazas, personal técnico no titulado, telefonista, gestión administrativa, controlador de suministros, electricista y farmacéutico, y con una logopeda, calefactor, médico de admisión, personal técnico titulado superior, médico ESAD, pinche, ingeniero técnico, gestión administrativa, fontanero, técnico de salud pública, técnico superior de sistemas y médico ESAD.

En el turno de personas con discapacidad se ofertan 14 plazas de facultativo especialista de área, 20 de enfermería, 13 de auxiliar de enfermería, 10 de celador, cinco de auxiliar administrativo, tres de fisioterapeuta y otras tantas de médico de urgencia hospitalaria, dos de técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico, otras dos de técnico superior de radiodiagnóstico, dos más de enfermería de salud mental y una de las categorías de matrona, técnico superior de anatomía patológica y técnico superior de radioterapia. En el turno destinado a víctimas del terrorismo, se han convocado dos plazas de facultativo especialista de área, dos de enfermería y una de celador.


Los sindicatos profesionales e independientes de la sanidad pública andaluza, concretamente el Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), la Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE) y el Sindicato Andaluz de Celadores Conductores (Saceco) han puesto en marcha una convocatoria de movilizaciones que comenzará hoy jueves en defensa de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Según explican, en una fase inicial, las protestas se irán sucediendo aleatoriamente en centros sanitarios de toda Andalucía durante las primeras semanas de septiembre. Así, el comienzo de las movilizaciones está previsto este jueves 7 de septiembre en el Centro Periférico de Especialidades (Bola Azul) en Almería, a las 11,00 horas; a la misma hora en el Centro Periférico de Especialidades Zaidín en Granada; en la puerta principal del Hospital Macarena de Sevilla de 10,00 a 10,30 horas; y ante el Hospital Infanta Elena en Huelva de 10,15 a 10,30 horas.

Con esta medida, los sindicatos de la sanidad denuncian el "ataque" que supone el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la jornada laboral de 35 horas vigente en Andalucía, "generando incertidumbre e inestabilidad laboral a miles de profesionales". Por eso, con estas movilizaciones realizan un llamamiento tanto al Ejecutivo central como al andaluz para que "se saque a la sanidad pública, y en especial a los profesionales que la hacen posible cada día, de la confrontación política".

De no alcanzarse un acuerdo, Satse, SMA, SAE, FATE y Saceco apelan a que "la Junta de Andalucía, si realmente quiere realizar una defensa de los derechos de sus trabajadores, ejerza su capacidad de autoorganización para respetar las condiciones laborales de los profesionales, así como el empleo generado por la vuelta a las 35 horas. Sin olvidar la calidad asistencial y seguridad para el paciente aportados por la recuperación de profesionales para dar atención sanitaria y cuidados".


Los sindicatos profesionales aseguran que "no pueden permanecer impasibles" ante la posibilidad de retorno a las 37,5 horas, ya que esta jornada laboral cuando estaba vigente "trajo consigo muchos problemas, tanto a nivel de efectivos como en su aplicación". Y es que, añaden, "la jornada de 37,5 horas supuso una destrucción de empleo importante en la sanidad, lo que generó un elevado déficit de profesionales en los centros, y por ende, un empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía".











Cerca de unos 3.500 sanitarios al servicio del sector público verán aumentado su sueldo un 1% a partir de la próxima nómina de julio, tal y como contempla el artículo  18.2 de los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año 2017. Este aumento del 1 % se efectúa con carácter retroactivo desde el mes de enero, por lo que la nómina de julio recogerá, además del sueldo de ese mes, los importes proporcionales de este incremento salarial correspondientes a los seis primeros meses del año. Este incremento salarial irrisorio aplicado este año a las retribuciones de los empleados públicos se suma a la subida, también del 1%, que experimentaron en 2016. Desde Fesitess-Catalunya consideramos que este incremento no sólo es insuficiente sino que es también  vergonzoso, ya que pretende maquillar la situación crítica en la que se encuentra la sanidad española, ante la alegación de que "la recuperación es lenta, pero se va consiguiendo año tras año", y ante futuras promesas de negociación en los años venideros.
 
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