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Los insistentes rumores de que el catalán iba a ser un requisito para poder opositar a una plaza en el Servei de Salut han disparado el interés por aprender la lengua propia de las islas. El IB-Salut reveló que ya se han inscrito más de 1.100 profesionales, en concreto 1.168, a los cursos de catalán que han organizado conjuntamente con la dirección general de Política Lingüística, mediante el Instituto de Estudios Baleáricos, dependiente de la propia Conselleria de Cultura, Participación y Deportes.

Desde el IB-Salut se han organizado un total de 49 cursos, 6 de ellos en el hospital de Inca, 6 en el de Manacor, 6 en el área de salud de Eivissa, 3 en el área de salud de Menorca, 11 en el hospital de Son Llàtzer y 17 en el hospital de Son Espases. Por niveles, 7 de los cursos son del nivel básico (A1/A2), 9 del B1 que se exigirá a técnicos sanitarios, 15 del nivel B2 que se pedirá a médicos y enfermeras, 11 del nivel C1 y 7 del máximo nivel, el C2.

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El coste de estos cursos, de aproximadamente 100 euros por inscrito, se lo reparten entre el Servei de Salut, que abona el 60% de total, y el Institut d'Estudis Baleàrics dependiente de la dirección general de Política Lingüística, que paga el 40% restante.

Estos cursos se comenzaron a ofrecer a finales del pasado mes de agosto y el periodo de inscripción finalizará la próxima semana. A tenor de las cifras ofrecidas por el propio IB-Salut, este departamento habría gastado hasta el momento un total de 70.080 euros en la formación idiomática de sus empleados. El resto, hasta los 116.800 euros desembolsados hasta el momento, correrían a cargo del Institut de Estudis Baleàrics. Para conseguir la titulación de catalán, en las islas hay dos convocatorias anuales, una en el mes de enero y otra en el de junio.

Ante la necesidad de acreditar el conocimiento de la lengua catalana de miles de empleados publicos, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado al Servei de Salut que aumenten las convocatorias para poder examinarse del conocimiento del catalán en sus diferentes niveles.

 


 

El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ya anunció que ayer, 28 de septiembre, se publicaría en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio Extremeño de Salud (SES) correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, con un total de 1.368 plazas en todas las categorías.

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Asimismo, el titular de la cartera sanitaria del Gobierno regional estima que los exámenes no se celebrarán antes del año 2018 y, dado que la OPE del año 2014 caducó, no es legal incluir las 38 plazas de ese año. De las 1.368 plazas que se ofertarán, 817 son por turno libre; 415 por promoción interna y 137 por el turno de discapacitados. Asimismo, 954 son para personal sanitario, y 414 para personal de gestión y servicio del SES.

De las 954 plazas para sanitarios, 327 son de Enfermería, 289 de especialistas médicos, 236 de técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, 55 de especialistas de Laboratorio y Radiología, 33 de fisioterapeutas, y 24 de farmacéuticos y veterinarios. De las correspondientes a personal de gestión y servicio, 154 son de auxiliares administrativos, 153 de celadores, 53 de pinches y el resto para otros grupos de función administrativa como cocineros y lavanderos.


 

Cataluña no ha podido asegurar a sus 29.440 sanitarios, así como al resto de funcionarios dependientes de la Generalitat, que vayan a cobrar la nómina de octubre. Así, solo se han comprometido con los salarios de septiembre, cuyo pago ya se ha ejecutado. Así se lo trasladó la pasada semana Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, a los sindicatos presentes en la Mesa General “extraordinaria y urgente” que el Govern convocó con las principales centrales sindicales y en la que tumbó todos los puntos del día previstos.

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El encuentro trató el papel de los funcionarios en el referéndum del próximo domingo 1 de octubre. Algunas fuentes confirman que se va a celebrar y que los funcionarios no van a tener responsabilidades judiciales ni expedientes por hacer ese día su trabajo.


En la reunión entre la Administración catalana y los representantes sindicales también se reconoció que no hay demasiada planificación sobre quién abrirá los centros de salud que sirvan como colegio electoral, una vez confirmado que formarán parte de la infraestructura para la consulta separatista. Sí se confirmó que los que mantengan servicio de Urgencias lo harán con un área separada para evitar contacto entre pacientes y votantes.


 

La convocatoria de una oferta pública de empleo (OPE), con un total de 1.294 plazas para trabajar en el Servei de Salut, está pendiente de la redacción del decreto que regulará los requisitos y las excepciones para poder trabajar en la sanidad pública. De las 1.294 plazas públicas, 647 son de turno libre y las otras 647 son plazas de promoción interna para el personal que ya está trabajando en algunos de los centros y servicios del IB-Salut. En esta convocatoria se ofertarán plazas de médicos (pediatras, anestesistas o médicos de familia), enfermería, celadores, administración y auxiliares administrativos, entre otras.

Hay que tener en cuenta que cerca del 40 % de la plantilla de personal que trabaja actualmente para el IB-Salut es eventual o interino, y que muchos de estos trabajadores llevan meses, desde que se anunció a principios de año que se llevaría a cabo la OPE, preparándose para poder conseguir un puesto de trabajo estable en la sanidad pública balear.

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El hecho de que todavía no esté completamente cerrado cómo se exigirá el requisito del catalán ha creado bastante malestar entre los trabajadores que están preparando la OPE, más de 1.000 se apuntaron a los cursos organizados por el Sindicato de Enfermería SATSE. Antes de que la consellera de Salut dejara claro que el catalán será un requisito para todos los empleados de la sanidad pública, los sindicatos ya acusaban al IB-Salut de discriminación por el hecho de sólo querer exigir el catalán (nivel B1) a los auxiliares de enfermería.

Algunos sindicatos denunciaron, el pasado mes de julio, que sólo exigir el catalán a los auxiliares de enfermería supone «una discriminación» de este personal con respecto a los de otras categorías profesionales. La división sindical sobre el requisito del catalán en la sanidad pública es un hecho, sin embargo, en lo que sí parecen estar de acuerdo todas las organizaciones sindicales es en exigir al IB-Salut que convoque la Mesa Sectorial de Sanidad para informarles de cómo está la situación y de cuáles son las excepciones que se piensan incluir en el decreto.

 


 

Los sanitarios podrían tener la responsabilidad de los posibles efectos nocivos que puedan tener en los pacientes el empleo de la radioterapia o del radiodiagnóstico, así como de cualquier otro tipo de medicina nuclear. Este es uno de los fines del proyecto de real decreto que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha de cara al uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.

La futura norma, que está en consulta previa, viene derivada por una directiva de la Unión Europea aprobada en 2013 y su correspondiente trasposición con el fin de establecer los principios básicos de justificación y optimización en el uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas, frente a las exposiciones médicas siguientes: exposición de pacientes para diagnóstico o tratamiento médico, exposición de personas en los programas de cribado sanitario, así como la exposición de personas asintomáticas o de pacientes que participan voluntariamente en programas de investigación médica o biomédica, de diagnóstico o terapias y la exposición de cuidadores.

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"Con objeto de garantizar una protección adecuada de los pacientes sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico médico o de radioterapia, es fundamental que exista un alto nivel de competencia y una clara definición de responsabilidades y funciones entre todos los profesionales implicados en la exposición médica. Esto se aplica a los médicos, odontólogos y otros profesionales sanitariosautorizados para asumir la responsabilidad clínica", indica el texto, que además define este tipo de responsabilidad como "la responsabilidad de un profesional sanitario habilitado respecto de exposiciones médicas individuales, en particular: la justificación; la optimización; la evaluación clínica de los resultados; la cooperación con otros especialistas y, en su caso, con el personal, en lo referente a los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos; la obtención de información, en caso necesario, sobre exploraciones previas; el suministro de la información médica radiológica existente y de los historiales médicos a otros profesionales sanitarios habilitados o al prescriptor, según proceda; y la entrega de información sobre el riesgo de las radiaciones ionizantes a los pacientes y otras personas interesadas, cuando proceda".   

La susodicha directiva precisa también que “el experto en física médica” habrá de asumir “laresponsabilidad de la dosimetría, incluidas las mediciones físicas para evaluar las dosis administradas al paciente y otras personas sometidas a exposición médica” y “asesore sobre el equipo médico-radiológico”.

Además, según el texto, los médicos especializados en el empleo de radiación habrá de colaborar en optimizar la protección radiológica de pacientes y personas expuestas, garantizar la calidad de los equipos, probar la aceptación de los equipamientos y velar por las especificaciones técnicas, vigilar las instalaciones y formar a los profesionales sanitarios correspondientes.Asimismo, habrán de colaborar con expertos en protección radiológica para sus labores e informar a los pacientes sobre los riesgos de la exposición a la radiación (también cuando se trate de diagnóstico). El proyecto de real decreto estará abierto a aportaciones del 5 al 19 de septiembre.