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Aunque le reforma del Código Penal de 2015 permitió el reconocimiento del delito de atentado contra la autoridad para las agresiones a sanitarios, en la práctica, la modificación de este código puede suponer que se reduzcan las penas judiciales ante determinados casos de agresiones.

Así lo revela un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal, y realizado por miembros del Área de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valladolid. Dicho análisis especifica por ejemplo, que el hecho de que las llamadas “faltas” se eliminen del código penal (los tribunales solían calificar muchas agresiones como tales), pasándose a la vía civil o a llamarse “delitos leves”, reduce el poder coercitivo de la Justicia ante casos como injurias o vejaciones, ya que este ámbito es menos punitivo que el penal.

Por otro lado, las conclusiones de este estudio también remarcan que se perdió una oportunidad al prescindir, a la hora de modificar el Código Penal, de la necesidad de que la víctima necesite tratamiento médico para apreciar un delito de lesiones contra el agresor (incluso aunque a veces el agredido tarde en recuperarse más de un mes).

Además de ello, las lesiones de menor gravedad pasan ahora a ser perseguibles mediante necesaria denuncia de la persona agraviada, y no de oficio como se hacía antes. Esto supone, según cita el análisis, un obstáculo más a lo que para muchos profesionales agredidos constituye una decisión difícil: denunciar la agresión. Por ello, los autores consideran que lo lógico es que sea la propia administración o el empleador del sanitario el que denuncie directamente los casos de agresiones a la Justicia ya que, de lo contrario, en muchos casos puede llegar a suponer la despenalización de las agresiones.

No obstante, en lo referente a las amenazas y coacciones leves, ahora consideradas delitos leves, en principio sí puede apreciarse un incremento en la punición, puesto que, aunque se aplique en su mayoría el límite inferior, éste ha aumentado.

 


 

Las jubilaciones de médicos están a punto de generar problemas al Estado por la falta de médicos en muchas comunidades autónomas.  La última región en alertar de ello ha sido Aragón, donde su consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, calcula que entre 2017 y 2020 se van a perder un total de 511 médicos, debido a su jubilación. Frente a ello, se han buscado soluciones rápidas, como la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, que podría ayudar a solventar esta situación.

Aragón, sin embargo, no es la única autonomía preocupada por las jubilaciones, puesto que Andalucía también calcula que en dos años se jubilarán hasta 515 médicos de la región, por lo que su Ejecutivo propone llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para que se elimine la tasa de reposición y poder cubrir las vacantes de años anteriores.

médicos

En Catalunya, por su parte, un tercio del total de los 32.714 médicos colegiados en la autonomía se encuentra en la franja de 55 a 70 años, por lo que en diez años podrían jubilarse hasta 9.000 facultativos, según denunciaba el Colegio de Médicos de Barcelona, y en Extremadura se ha ampliado la jubilación forzosa de los médicos hasta los 67 años, dado que se prevén hasta 1.232 jubilaciones a partir del año 2020.

También se sumó al carro de retrasar la jubilación forzosa Navarra, donde, según el Gobierno autonómico, en los próximos 10 años podrían jubilarse 666 facultativos especialistas, de los que 188 corresponden a médicos de Atención Primaria. En Castilla-La Mancha, por su parte, el Colegio de Médicos calcula que en ocho años se podrán jubilar hasta 2.500 profesionales, y Castilla y León ha anunciado recientemente una OPE con hasta 3.409 plazas para cubrir las jubilaciones y regularizar a los interinos.

 

 

 


 

La Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social ha multado con 150.000 euros a la concesionaria sanitaria Elche Crevillente Salud SA -propiedad de Ribera Salud- por no adoptar medidas de prevención por el uso y manipulación de productos cancerígenos en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Elche. Los inspectores consideran que las actuación es una infracción muy grave por la "falta de diligencia" de la empresa que ha expuesto peligrosamente a 35 trabajadores a productos peligrosos sin las medidas de protección estipuladas en la normativa de seguridad laboral. La firma ha expresado su disconformidad en las alegaciones aunque han sido todas rechazadas.

Así, según la denuncia administrativa publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la falta de equipos de protección para el personal del Servicio de Anatomía Patológica del hospital de Elche y los elevados niveles de formol en el aire han producido un riesgo objetivo que dadas las específicas condiciones de trabajado en el servicio, extremo este indiscutido, en tanto que en el mismo se manipulan y utilizan sustancias calificadas como cancerígenas, sin la adopción, en los términos señalados, de las medidas oportunas para evitar el riesgo en la exposición de tales sustancias.

Y es que las diferentes mediciones sobre niveles de formol en este departamento hospitalario, que recoge y procesa las muestras de biopsias de toda el área sanitaria, habían detectado niveles excesivos de esta sustancia cancerígena en el aire. Tampoco se ha evitado que esta sustancia que, en parte se convierte en gas en el ambiente, supere los límites mínimos. Para ello, habría que haber hecho una fuerte inversión en "campanas de seguridad" o en la evacuación de los agentes cancerígenos, como llegó a recomendar el servicio de prevención ajeno contratado por Ribera Salud.

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En sus alegaciones, Ribera Salud defiende que la falta de equipos de prevención no es tal y que se debe a un documento "capcioso" del comité de empresa. La empresa también critica al Invassat (Instituto Valenciano de Salud y Seguridad en el Trabajo) y asegura que "no tiene constancia de medición ni hecho fehaciente alguno de que tal proceso entrañe riesgo". La concesionaria también arremete contra su propio servicio de prevención externo por "no ser la adecuada".

Las explicaciones de la empresa han sido rechazadas por los técnicos y por la propia directora de Trabajo y Bienestar Social, -que firma la sanción-. El expediente concluye que la concesionaria "no ha actuado con la diligencia debida en la adopción de medidas preventivas para evitar la exposición de los trabajadores al formol o al menos para reducir la exposición por debajo de los límites".

 


 

Alerta roja en 35 hospitales españoles por una alarma declarada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que indica que estos centros han recibido unidades de Physioneal 40, de Baxter, con alto riesgo de estar en mal estado.

Así lo indica la alerta farmacéutica de la Aemps, que precisa que se han hallado defectos de clase 1 (los de mayor gravedad, según la categorización del órgano) en un lote de este fármaco de la multinacional americana, que se emplea en diálisis peritoneal, con el fin de eliminar el agua y los productos de desecho de la sangre, además de  corrigir los niveles anormales de los distintos componentes de la sangre.

Physioneal-40

Concretamente, la Agencia advierte de una “potencial rotura en el sellado del conector a la bolsa con riesgo de pérdida de esterilidad”, un problema que afecta al lote 17E30G72.

Las unidades de Physioneal 40 correspondientes al lote afectado ya se habían distribuido en centros hospitalarios de toda España,  particularmente de Cataluña, región donde hay hasta 8 hospitales afectados, aunque el listado de nombres aún no ha sido publicado.

La Aemps ha ordenado la retirada del mercado de todos los productos en circulación pertenecientes al citado lote y la devolución al laboratorio por los cauces habituales.  

 


 

La empresa adjudicataria, Obras y Pavimientos Brossa S.A., ha iniciado los trabajos de recuperación y rehabilitación del exterior del Parque Hospitalario Martí y Julià de Salt (Gironès). La obra, que cuenta con un presupuesto de 471.850,96 euros, busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en el entorno del complejo, y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Durante este período, se prevé ir reordenando la circulación para reducir al mínimo la afectación de los usuarios. Por eso se realizará por fases.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad y la accesibilidad de los usuarios y el personal en el complejo médico, que se ha ido incrementando por la nueva actividad de las empresas que operan. Entre ellas, y a parte del Institut d’Assistència Sanitària, hay el Institut Català de la Salut en Girona, el Institut d’Investigació Biomèdica de Girona o el Institut de Diagnòstic per la Imatge, así como nuevos servicios.

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El conjunto de la actuación abarca una superficie de 11.342 metros cuadrados sobre el total de 114.000 que configuran el parque. Entre las intervenciones, hay la rehabilitación de caminos maltrechos, la consolidación de recorridos de viandantes o la adaptación de pasos para personas con discapacidad visual. También se adaptarán servicios y se ampliarán las plazas de aparcamiento para motocicletas, bicicletas y coches, con entre 15 y 20 plazas más.

El proyecto contempla, además, una pequeña rotonda que se combinará con dos paradas de “carga y descarga” de personas así como con un espacio exclusivo para ambulancias y otros vehículos médicos. La intervención también permitirá mejorar los accesos al parque, tanto por el lado de la calle Doctor Castany, como por el de Ramon y Cajal. La zona de aparcamiento para empleados también se asfaltará.